El Ministerio de Hacienda ha salido al paso de las informaciones que circulaban en redes sociales para aclarar, de forma definitiva, cómo afectará la nueva normativa fiscal a los pagos por Bizum a partir de 2026.
En una nota oficial publicada esta semana, el departamento que dirige la Agencia Tributaria ha desmentido rotundamente que se vaya a fiscalizar a los ciudadanos particulares: la nueva obligación de suministro de información recae únicamente sobre la facturación de empresarios y profesionales.
La medida, aprobada el pasado mes de abril de 2025 y que entrará en vigor operativo en febrero de 2026, obliga a las entidades financieras a remitir informes mensuales al fisco.
Sin embargo, Hacienda subraya que el objetivo es controlar los ingresos de actividades económicas, dejando fuera los movimientos cotidianos entre cuentas personales.
Qué pagos por Bizum controlará Hacienda en 2026
Ante la alarma generada por «informaciones incorrectas» que sugerían una vigilancia masiva, la Agencia Tributaria ha detallado los límites de la norma:
Los envíos de dinero entre amigos, familiares o conocidos (los «bizums» entre particulares) no deben declararse. Los bancos no remitirán información sobre estas operaciones, por lo que la nueva normativa no tiene ningún impacto para el usuario doméstico.
La norma se dirige a autónomos y empresas que utilicen Bizum como pasarela de cobro (por ejemplo, una tienda o un fontanero que cobra un servicio). En estos casos, el banco sí informará a Hacienda de sus ingresos.
Otra de las precisiones clave del comunicado es la forma en la que los bancos enviarán los datos. No se tratará de un volcado de cada movimiento individual. A partir de febrero de 2026, las entidades reportarán la facturación mensual acumulada de cada comercio.
En concreto, la información que manejará Hacienda sobre estos negocios incluirá:
- Identificación completa del empresario o profesional adherido al sistema.
- Número de comercio y terminales de venta.
- Cuentas bancarias vinculadas a los cobros.
- El importe total facturado a través de Bizum en el mes.
Con esta comunicación, el Gobierno busca atajar el fraude fiscal en los cobros de servicios profesionales, mientras mantiene intacta al mismo tiempo la privacidad de las transacciones privadas de los ciudadanos.
