UGT exige al Gobierno un Plan de Vivienda que fomente la vivienda pública
Para el sindicato UGT, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 reflejan el escaso interés del Gobierno en el fomento de la vivienda pública. Con un recorte del 20% en esta materia respecto al año anterior, los objetivos que propone son irrealizables para los escasos recursos que se destinan. Para el sindicato UGT, se hace necesaria una reforma legislativa que impulse un Plan de Vivienda que fomente la vivienda pública, la reducción del precio de la misma, la rehabilitación y el alquiler social. Todo ello con el fin de convertir la vivienda en un derecho subjetivo de cualquier ciudadano y no un artículo de lujo con el que poder especular.
La UGT denuncia el recorte del 20,54% de la partida en materia de vivienda de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Para el sindicato, esta partida es una muestra más de que el Gobierno relega a la iniciativa privada las políticas de vivienda. Para el sindicato los PGE son de escasa credibilidad, al establecer unos objetivos, que no se van a poder cumplir con los escasos recursos que se destinan para realizarlos.
Para UGT, resulta imprescindible una política en materia de vivienda, que apueste por una vivienda pública, suficientemente presupuestada, a través de una reforma legislativa que impulse un nuevo Plan de Vivienda, con medidas como la creación de un parque público de viviendas que incorpore, los activos procedentes de la SAREB y del parque de viviendas de las entidades financieras, provenientes de los desahucios.
Este plan debe reducir el tiempo de tramitación en la concesión de vivienda o ayudas públicas, disminuir los precios de la vivienda protegida para garantizar que sus precios sean inferiores a los de la vivienda libre, y unificar a nivel nacional los requisitos y documentación exigibles en la tramitación de las acciones de los planes, sistemas de ejecución, procurando, en todo lo posible, su tramitación digital.
UGT considera que esta ley debe incorporar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, de manera especial ante situaciones vulnerables, invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia. Para el sindicato, se hace inaplazable la modificación de la Ley Hipotecaria para trasponer los derechos que nos ofrece el ordenamiento comunitario y que hace de los ciudadanos/as nacionales, ciudadanos de segunda.
Además, UGT recuerda los efectos casi nulos del actual Plan de Vivienda 2013-2016 (prorrogado para 2017) y que ha mostrado su fracaso, ya que no se ha traducido en un incremento real del empleo en la construcción ni en la obra pública y aún menos en la construcción de viviendas de protección oficial.
Medidas que el sindicato propone en materia de vivienda
– Desarrollar actuaciones de carácter estatal que propicien la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo necesario la creación de un órgano administrativo coordinador a fin de maximizar y potenciar la distribución de recursos.
– Recuperación de la financiación y ayudas dedicadas a vivienda, especialmente aquellas destinadas a familias, colectivos especialmente vulnerables, personas mayores, discapacitados, inmigrantes, jóvenes, etc. Todo ello con suficiencia financiera, pues se hace necesario un esfuerzo inversor por parte del Estado que en los actuales Presupuestos no se da.
– Abordar un verdadero plan de rehabilitación desde una perspectiva estatal en materia de viviendas, edificios, barrios o zonas especialmente degradadas de nuestras ciudades, entre otras, puesto que es un ámbito de actuación especialmente intensivo en la creación de empleo (estimamos que cada vivienda puede generar tres empleos), además de ser una práctica generadora de inversión. Para UGT, es imprescindible y fundamental una estrategia pública de rehabilitación con mayor conexión entre políticas urbanísticas, vivienda y suelo, prestando especial interés en la articulación de mecanismos necesarios para dar participación a los agentes sociales en la definición de prioridades, objetivos, programas y medios para tener oportunidad de acceder a una vivienda digna.
