Transparencia presenta la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social en Alicante
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación está intensificando las diferentes acciones de difusión para dar a conocer las principales novedades de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social (RSC).
Para ello, la próxima semana la dirección general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Conselleria de Transparencia ha organizado una jornada en Alicante, concretamente el 20 de abril, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, para presentar el anteproyecto de ley RSC y poner en común los detalles del texto con diversos representantes del mundo empresarial alicantino.
Esta jornada se enmarca en las diferentes acciones de divulgación que ha venido desarrollando la Dirección General de Responsabilidad, tras la reciente ronda de contactos con los diferentes interlocutores sociales sobre el borrador del proyecto de esta ley.
El director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa, ha destacado que con este tipo de jornadas “se exponen los diferentes trabajos realizados en la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, en los que se constata que hay un gran interés para que esta norma salga adelante”.
Asimismo, Ochoa ha hecho hincapié en la oportunidad que se presenta con esta nueva ley en la que “puede significar hacia el empuje de la competitividad, la modernidad y el compromiso en la responsabilidad social de las empresas y otras organizaciones, incluso en la administración valenciana y su sector público”.
El borrador de la futura Ley de Fomento de la Responsabilidad Social estuvo abierto a consulta pública desde el 4 de julio hasta el 15 de septiembre del pasado ejercicio, un foro on line que recogió más de un centenar de aportaciones fruto de la participación ciudadana, documento que se convirtió en el punto de partida para elaborar esta norma.
Principales aspectos de la futura Ley RSC
La responsabilidad social, como conjunto de compromisos de orden económico, social y ambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas, representan un valor añadido contribuyendo al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.
El objetivo de la futura ley de Fomento de Responsabilidad Social es extender e involucrar a las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social en general y, en particular, dentro de su propia organización. La administración valenciana, en su condición de prestadora de servicios públicos, puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.
La nueva ley de Responsablidad Social contemplará, entre otras cuestiones, la prohibición de que la administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción.
Asimismo, el establecimiento de cláusulas sociales y las buenas prácticas por parte de las empresas serán prioridad para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, además de un estímulo a la responsabilidad social para las empresas, especialmente para pymes y autónomos.
Con la finalidad de potenciar la participación, análisis y consulta en materia de responsabilidad social, se crea a su vez el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social como órgano colegiado y de participación del Consell en esta materia, y se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, que actuará como órgano de información y consulta.
Algunas de estas cláusulas son de carácter social como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social; la inserción laboral de personas con diversidad funcional; el fomento de la estabilidad en el empleo; la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.
A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética; el uso de productos reutilizables; el empleo de energías renovables; o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.
En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta; transparencia y acceso a la información publica; lucha contra la corrupción; o comercio justo.
