El juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha dado la orden de registrar seis despachos de sedes oficiales del Gobierno y tres empresas de la capital catalana

El TSJC confirma que hay una veintena de imputados. Agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano y encapuchados en la puerta del almacén de la sede nacional de la CUP

Los portavoces del TSJC han informado que la macrooperación que se ha iniciado esta mañana en Cataluña se dirige contra 20 personas. Todas ellas han sido imputadas en el marco de una investigación que se ha declarado secreta y que persigue los delitos de “desobediencia, prevaricación y malversación” de caudales públicos.

El juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana ha ordenado 41 registros en “seis despachos ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña” y en “tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga”. “También se han acordado registros a despachos profesionales no oficiales y a domicilios particulares”, indican.

Afirma que dirige la investigación desde el pasado febrero como “consecuencia de dos denuncias”.

El TSJC imputa a Buch y Lloveras por desobediencia

 El alto tribunal admite a trámite la querella del fiscal y nombra ponente

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente de Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y contra la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, a los que indiciariamente atribuye el presunto delito de desobediencia.

El alto tribunal ha nombrado al magistrado Jordi Seguí ponente instructor de la causa. De momento, no contempla ni el delito de malversación de caudales públicos ni el de prevaricación tal y como sí recogía la querella del fiscal.

 CARTAS DELATADORAS

El TSJC recoge en el auto de admisión las tres cartas que los imputados enviaron a sus asociados en las que se informa de la aprobación de la ley del referéndum. En esas comunicaciones, los investigados pedían la inmediata adhesión de los alcaldes y su compromiso para la cesión de espacios de cara a las votaciones. Una de esas misivas recoge, incluso, el formulario de adhesión que tenían que suscribir los alcaldes. En otra de ellas se especifica el inicio de la campaña electoral y qué propaganda han de difundir.

“Todo ello se produce cuando los querellados sabían que la ley del referéndum estaba suspendida a todos los efectos”, dice el TSJC.

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