El juez deja en libertad con cargos a todos los detenidos por el referéndum, incluido el ‘número 2’ de Junqueras

Todos siguen acusados de prevaricación, desobediencia y malversación. El Govern ha cesado a Jové para intentar librarle de la multa de 12.000 euros

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha acordado la puesta en libertad de las seis personas que seguían detenidas acusadas de colaborar en la organización del referéndum del 1-O, entre la que se encuentra Josep Maria Jové (primero a la izquierda  en la foto), ‘número 2’ de Oriol Junqueras en la consejería de Economia. Con estas liberaciones quedan en libertad con cargos los 14 detenidos el pasado miércoles.

Entre los liberados este viernes se encuentran el secretario de Hacienda y secretario general de adjunto de ERC, Lluís Salvadó (detrás de Jové en la foto); el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), Josuè Sallent; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems; y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat, con la advertencia de que no participen en preparativos del 1-O. Todos se negaron a declarar ante el juez.

Todos siguen acusados de prevaricación, desobediencia y malversación, delito este último que puede acarrerar penas de cárcel, y están obligados a presentarse una vez a la semana ante el juzgado.

Jové, cesado para evitar el pago de la multa del TC

Momentos antes de su puesta en libertad, Jové ha sido cesado de su cargo para evitar el pago de la multa 12.000 euros que fijó el Tribunal Constitucional (TC) para que acatara sus sentencias.

El Govern de Carles Puigdemont ha acordado su destitución en una reunión extraordinaria celebrada este mismo viernes, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. En esta reunión, ha explicado Turull, se ha aprobado un decreto con un artículo único en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los “servicios prestados” y su “lealtad”.

Turull ha explicado también que el Constitucional insta a Jové a “realizar una serie de acciones en menos de 24 horas” pese a que sigue “detenido y no las puede hacer”, lo que a su juicio representa un “despropósito absoluto” y “sin precedentes”, por lo que se ha decretado su cese “desde un reconocimiento y un agradecimiento profundo”.

Jové, que hasta ahora era el ‘número dos’ del vicepresidente, Oriol Junqueras, fue detenido el pasado miércoles junto a otras 13 personas en el marco de una operación de la Guardia Civil contra los preparativos de la consulta separatista que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

El TC impuso una multa de 12.000 euros a Jové, así como a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral Central de Cataluña. Aplicó así por primera vez la reforma legislativa que le permite fija sanciones a altos cargos independentistas.

Su cese no le libra de la multa automáticamente

Sin embargo, este cese no hará que Jové se libre automáticamente de la multa impuesta porque el Constitucional tendrá que examinar antes si ha acatado sus resoluciones.

El alto tribunal tiene que estudiar la actuación de cada uno de los multados antes de decidir si han cumplido y cuándo sus resoluciones, y en función de ello contabilizará, pasadas las semanas inmediatas al 1 de octubre, si debe cobrarles Hacienda y cuánto.

Para que cesen las multas el TC exige a los afectados la revocación de todas sus decisiones y acuerdos; la comunicación de tal revocación a los destinatarios de sus actuaciones y la renuncia a sus cargos de los síndicos.

En cuanto a las funciones que tenía Jové, según el portavoz del Govern, algunas las asumirá Junqueras como titular del departamento, aunque otras podrían “delegarse” para “garantizar que funcione la Conselleria”.

De los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, Turull no se ha pronunciado al respecto. La que sí que ha anunciado su renuncia al cargo es la jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, Montserrat Vidal, multada por el TC con 6.000 euros diarios, quien ha presentado un escrito de alegaciones en el que sostiene que “no puede hacer lo que se le pide”, ha explicado Turull.

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