‘Sí’ definitivo a la comisión territorial en el Congreso

La Mesa de la Cámara baja aprueba el organismo parlamentario que abordará tras el 1-O el encaje de Catalunya. Los socialistas, impulsores de la iniciativa, quieren que sus conclusiones estén listas dentro de cuatro meses

El Congreso de los Diputados ha dado hoy jueves su aprobación definitiva a la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Impulsado por el PSOE, el organismo, que cuenta con el apoyo del PP, es la única iniciativa política creada hasta ahora frente a la crisis territorial de Catalunya.

La Mesa del Congreso, encargada de gobernar esta cámara, ha dado su visto bueno a la comisión, con los votos a favor de socialistas, conservadores y Podemos. El PDECat también ha mostrado su predisposición a participar en ella, a diferencia de ERC. Como los republicanos, Ciudadanos se ha mostrado en contra del organismo parlamentario.

Por expreso deseo del PP, la comisión no comenzará a trabajar hasta después del 1 de octubre, fecha en la que está convocado el referéndum unilateral sobre la independencia de Catalunya.  Su composición estará determinada por el número de escaños de cada grupo: al PP le corresponden 14 miembros, nueve al PSOE, siete a Podemos, tres a Ciudadanos, uno al PNV, otro a ERC y dos al grupo mixto, del que forma parte la antigua Convergència. Los planes de los socialistas pasan porque su funcionamiento sea “ágil”, con no demasiadas comparecencias de expertos, y que en “unos cuatro meses” estén listas las conclusiones. Solo después de que estas se hayan aprobado se crearía, en su caso, una subcomisión que estudiaría una reforma de la Constitución.

“Un organismo que pueda aportar soluciones políticas es clave. La mejor solución es que todas las fuerzas veamos qué respuestas damos desde el diálogo a los problemas de Catalunya”, ha dicho la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. La líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha incidido en que esta vía va más allá de la mera aplicación de la ley, única respuesta dada hasta ahora por el Gobierno al desafío independentista. “El referéndum es un abismo. Y delegarlo todo al poder judicial no da salido a lo que estamos viendo en Catalunya”, ha argumentado.

Visiones muy distintas

Las posiciones de partida de los grupos parlamentarios son muy distintas. El PSOE insistirá en la necesidad de una modificación de la Carta Magna de tipo federal, que blinde las competencias de las comunidades, reconozca hechos diferenciales y avance en la plurinacionalidad del Estado. El PP no se niega a discutir sobre una reforma constitucional, pero esta no se encuentra entre sus objetivos. Su intención es que la comisión esté “muy centrada” en la reforma del sistema de financiación autonómica, no en el reparto competencial. Y Podemos quiere ir más allá de los dos partidos mayoritarios. La principal propuesta de los morados es un referéndum pactado y con garantías. 

En su solicitud original, el partido de Pedro Sánchez, que lleva años intentando sin éxito sumar al PP al estudio de un cambio en la ley fundamental, señala que la comisión “tendrá por objeto analizar las necesidades actuales del modelo de organización territorial en España y realizar las propuestas que considere necesarias (…) para desbloquear el actual desencuentro en relación con la cuestión catalana y aportar soluciones satisfactorias que susciten el apoyo mayoritario en Catalunya y el resto de España”.

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