Cerca de 14.000 personas tienen derecho a una atención sanitaria integral tras la universalización de la asistencia

fotonoticia_20150903132041_800La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha ofrecido cobertura sanitaria a 13.822 personas que tienen derecho a una atención sanitaria integral tras el establecimiento de la universalización de la asistencia en julio de 2015. En el último año, de marzo 2016 a marzo 2017, se ha concedido la tramitación especial de asistencia sanitaria a 6.555 personas.

De todos ellos, 9.295 cuentan ya con una tarjeta sanitaria definitiva y los 4.527 restantes con tarjetas provisionales mientras se tramita el documento definitivo. Por provincias, se han expedido 5.210 tarjetas definitivas en Valencia, 810 en Castellón y 3.275 en Alicante.

“En este tiempo, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha mejorado la salud y la vida de casi 14.000 personas que ya tienen restablecido su derecho a la asistencia sanitaria”, ha explicado la consellera Carmen Montón, en alusión a la recuperación de la universalidad en la atención sanitaria.

El 90% de las tramitaciones corresponden a ciudadanos que no pertenecen a un país de la Unión Europea. Los países de origen más frecuentes son Honduras (1.405 usuarios), Marruecos (1.356 usuarios) y Colombia (1.323 usuarios). Según los datos de la propia conselleria, las personas que han solicitado la tramitación son un 56% mujeres y un 44% hombres. Además, la edad más frecuente de solicitudes es de 25 a 40 años.

Para obtener la cobertura sanitaria los solicitantes deben acudir a un centro de salud. Durante todo el procedimiento de obtención, los usuarios disponen de la asistencia sanitaria universal reglada y tienen derecho al sistema sanitario de la Comunitat Valenciana a la que se comprometió el Consell en julio de 2015.

Para la consellera de Sanitat, el derecho a recibir una atención sanitaria integral, de calidad y en condiciones de equidad “es un todo que no se puede fraccionar; no vamos a transigir con una sanidad de primera y otra de segunda” y ha alertado del riesgo que puede tener el registro como barrera que disuada a las personas en situación irregular.

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