Sánchez (ACN) y Cuixart (Ómnium), acusados por la Fiscalía General por delito de Sedición

El delito de sedición es regulado por la constitución española y prevé penas que pueden llegar a quince años de prisión para las autoridades públicas

La Fiscalía General ha presentado una denuncia por sedición ante la Audiencia Nacional, por las manifestaciones y concentraciones que se hicieron en Barcelona el 20 de septiembre. El escrito apunta directamente como responsables del ‘delito’ los líderes del ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de todos los que colaboraron en las concentraciones.

El texto de la denuncia
La denuncia recoge una relación de hechos del 20-S tras el asalto de la Guardia Civil a algunos de los departamentos de la Generalidad. Apunta directamente Sánchez y Cuixart al relacionarlos con los discursos que pronunciaron en la concentración de la tarde llamando a la movilización permanente hasta la liberación de los detenidos y la celebración del referéndum.

También explica que los desperfectos que sufrieron vehículos de la Guardia Civil y el hecho de que no pudieran salir del Departamento de Economía debido a la concentración en la calle. Asimismo, dice que el tráfico sufrió restricciones debido a la multitud movilizada. Respecto del intento de entrar en la sede de la CUP sin orden judicial, asegura que los concentrados lo impidieron ‘con la fuerza’.

Según la denuncia, la movilización de la tarde generó una situación de “extrema tensión ‘y los guardias civiles tuvieron que ser escoltados por los Mossos cuando salieron del Departamento de Economía a las siete de la mañana del miércoles porque aún quedaban’ miles de manifestantes ‘.

El texto también habla de los ‘ataques’ en la sede del PSC, donde se rompieron cristales, y dice que se agredieron militantes socialistas. En la Via Laietana también se produjeron ‘situaciones de gran tensión’ cuando la gente se sentó en el asfalto para dificultar la movilidad de los vehículos de la Guardia Civil. También recuerda que a las diez de la noche hubo un repique

 

Delito de sedición
El delito de sedición es regulado por la constitución española. Dice que son culpables de sedición todos aquellos que ‘se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes’. Los que induzcan a la sedición pueden ser condenados a prisión, de ocho años a diez, y hasta quince si son cargos públicos. También se prevé la pena de inhabilitación absoluta.

La sedición implica que se haga ‘tumultuariamente’. El diccionario de la lengua española define ‘tumulto’ así: ‘Motín, confusión, alboroto producido por una multitud. Confusión agitada o desorden ruidoso”. Y ‘motín’ significa: “Movimiento desordenado de una multitud, habitualmente contra la autoridad constituida

Joan Coma, el precedente
El precedente reciente es el del concejal de la CUP en Vic Joan Coma. En abril pasado, la Audiencia española abrió una causa contra Coma por un delito de incitación a la sedición. Concretamente, fue investigado por haber hecho una supuesta llamada a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en la que el consistorio dio apoyo al impulso de las leyes de desconexión del Parlamento de Cataluña.

Finalmente, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del juzgado de instrucción de Vic por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.

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