El Gobierno confía en que Puigdemont “no se sitúe por encima de la ley” y declare en la Audiencia Nacional

Destaca la “normalidad” y la “colaboración” de los funcionarios catalanes. El Ejecutivo suspende otros tres organismos del autogobierno catalán

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha manifestado la confianza del Ejecutivo en que “nadie se sitúe por encima de la ley y cumpla con el deber de colaborar con la justicia”, en referencia a las respectivas citaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a todos los miembros del cesado Govern, a la presidenta del Parlament y a cinco miembros de la Mesa de la cámara por los presuntos delitos de rebelión y sedición los próximos jueves 2 y viernes 3 de noviembre.

Desde Barcelona, Millo ha sido el encargado de informar de las decisiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrado para aprobar un real decreto que dicta las normas especiales para regular las elecciones autonómicas de 21 de diciembre. Al haber asumido el gabinete de Rajoy las competencias del Govern, le correspondía adoptar esas decisiones y dar cuenta de ellas.

Este martes el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en Bruselas que se ha trasladado a la capital belga “por seguridad”, ha denunciado falta de imparcialidad de la justicia española y ha dicho que no volverá a Cataluña hasta que tenga “garantías” de que se le someterá a un proceso “justo, independiente y con separación de poderes”.

De esa comparecencia, Millo ha subrayado que solo le interesa el reconocimiento que ha hecho Puigdemont de la convocatoria de elecciones del 21-D y que acepte sus resultados, aunque ha remarcado que “resulta chocante que el presidente de la Generalitat que ha vulnerado la legalidad democrática vigente venga a pedir que los demás respeten el resultado de unas elecciones”.

“Lo más destacado es el reconocimiento que él mismo hace de unas elecciones autonómicas convocadas de acuerdo con la legislación vigente”, ha dicho Millo. “A partir de ahí, todas las ideas son legítimas siempre que se adecúen a la legalidad vigente”, y ha añadido que “todos los partidos legalmente constituidos tienen el derecho a presentar sus programas electorales y a desarrollarlos dentro de la legalidad”.

“Normalidad” en todos los departamentos de la Generalitat

Según ha informado el delegado del Gobierno, en los primeros días tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha llevado al cese del Govern y la intervención del Gobierno central en el autogobierno catalán, “todos los departamentos de la Generalitat están funcionando con total normalidad”, y ha agradecido “la profesionalidad y colaboración de todos los funcionarios de la administración de la Generalitat”.

Además de los decretos necesarios para organizar y coordinar los preparativos de las elecciones autonómicas del 21-D, el consejo de ministros extraordinario ha aprobado un decreto específico para la suspensión de tres órganos vinculados al Instituto de Estudios del Autogobierno, adscrito a la Presidencia de la Generalitat, con el que el Ejecutivo entiende que se trabajaba en la transición a la república catalana.

Se trata de la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno y la Comisión Interdepartamental sobre el Autogobierno, creados en 2016, además del cese de los delegados territoriales que tenía el gobierno catalán. Estos organismos estaban vinculados al Consejo Asesor para la Transición Nacional, que ya fue anulado el sábado pasado en virtud de la aplicación del artículo 155.

Millo ha recordado que el objetivo del Gobierno al haber asumido la gestión de la Generalitat es “garantizar la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de la administración catalana, restablecer el orden constitucional y las instituciones catalanas de autogobierno”.

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