155: La Fiscalía belga pide a Lamela información del estado de las cárceles españolas 

La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de este viernes del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers del Govern cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución que se encuentran con él en Bélgica.

Respecto al expresidente de la Generalitat, Interior ya ha respondido al ministerio público belga garantizando su seguridad. En ese sentido, el Gobierno ha avanzado que Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más “avanzados” de España, y podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.

Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen en Bélgica, a los que la juez Lamela imputa delitos de rebelión sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, están citados a las 14:00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

La Fiscalía de la capital belga ha reclamado a la magistrada información tanto penitenciaria como judicial, que se ha remitido este mismo jueves. Entre toda esa información, figuran datos sobre el estado de las cárceles españolas, según informa el corresponsal de RNE en Bruselas Antonio Delgado.

La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utiliza sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas.

Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat y los cuatro exconsellers, que viajaron con él a Bélgica, después de que un día antes no acudieran a declarar ante la Audiencia Nacional por su implicación en el desarrollo del ‘procés’ independentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.

El juez intruirá el caso en neerlandés

Puigdemont y sus exconsellers comparecerán este viernes conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su veredicto hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes. Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza.

La decisión podría retrasarse porque los abogados de Puigdemont van a presentar numerosas alegaciones, según informa el corresponsal de RNE en Bruselas, Antonio Delgado.

Una vez se dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o las defensas de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso. Si esto ocurre, el caso se trasladará al Tribunal de Apelación.

Contacto de Puigdemont con su abogado y cárcel individual

Para tranquilizar a la justicia belga ante posibles alegaciones de que no se garantizarían los derechos de Puigdemont, el Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación pormenorizada a las cuestiones planteadas por la Fiscalía.

Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco. Y se recuerda que el expresidente catalán mantendría en la prisión el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros reclusos.

Interior destaca la paradoja de que Puigdemont proyecte sospechas sobre las cárceles españolas, habiéndolas gestionado en Cataluña

Uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que “no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña”, caso del expresident Puigdemont, “con los mismos estándares legales y elementos materiales” que en el resto del país.

Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que “ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra” y que existe una “supervisión constante” del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.

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